Hay que destacar, que el verdadero impulso a la observancia del problema, y la incitación a su atención integral, aunque progresiva, vino luego de la aprobación de la ley 1566 de 2012, sobre cuyos textos el senador que la lideró, Juan Manuel Galán, mencionaba en noviembre de 2013 que: "El principal objetivo de la guía es empoderar a los colombianos, para que reclamen del Sistema de Salud el tratamiento gratuito, para la recuperación de las personas adictas"; acto seguido invitaba al Ministerio de Salud a reglamentarla, para convertirla en un derecho efectivo y asequible, lo cual a la fecha no ha sido posible.
El Estudio Nacional de Consumo de Sustancia Psicoactivas en Colombia para el año 2013, nos mostraba cifras escalofriantes, sobre el galopante problema: el 13.0% de las personas encuestadas ha usado alguna droga ilícita al menos una vez en su vida, un 19.9% de los hombres y el 6.5% de las mujeres; El uso reciente o en el último año de alguna droga ilícita, fue reportado por el 3.6% de los encuestados, lo que equivale a unas 839 mil personas.
El consumo reciente es muy superior entre los hombres (5.9%) que entre las mujeres (1.4%); El mayor consumo de sustancias ilícitas en el último año se presenta en el grupo de 18 a 24 años, con una tasa del 8.7%, seguido por los adolescentes con una tasa del 4.8% y las personas de 25 a 34 años, con una prevalencia del 4.3% para dicho periodo.
El uso abusivo y los indicadores de uso dependiente, se encontraron en unas 484 mil personas, que estarían en condiciones de requerir algún tipo de asistencia para disminuir o dejar el consumo de drogas. De cinco personas que cumplen criterios de abuso o dependencia, cuatro son varones y una es mujer.
La resolución 5521 de 2013, que aprobó el Plan Obligatorio de Salud, inició una tímida cobertura de esta problemática en los menores de 18 años, promoviendo inequidad, al mantener desatendidos a decenas de miles de consumidores mayores de edad, que aun buscan ayuda, en fundaciones que subsidian tratamientos, que provienen inequívocamente del bolsillo de estas personas vulnerables.
Es hora que el Estado asuma en pleno su responsabilidad con estos pacientes, universalizando su cobertura en el POS y a los millones de jóvenes y adultos que se encuentran en riesgo, adelantar sin descanso campañas de promoción y actividades sectoriales de prevención, para evitar que lleguen a esta lamentable condición, que los pone en riesgo a ellos, sus familias y la sociedad en general
LAVERDADERA DIMENSIÓN DEl PROBlEMA DE LAS DROGAS EN COLOMBIA
Colombia ha estado en medio de una lucha sin tregua durante muchas décadas, en contra de la proliferación de los sembradíos y el tráfico de sustancias alucinógenas, olvidando de manera inexplicable, a los jóvenes y adultos, que al interior de nuestras grandes ciudades y ahora también de los pueblos, se iniciaban en el consumo y micro tráfico de estas sustancias.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta finales del año 2013, nunca incluyó en su plan de beneficios, la atención de esta patología de salud mental, convirtiendo a estos pacientes en verdaderos "parias" sectoriales, que solo obtenían refugio en medio de las comunidades terapéuticas organizadas en tomo a experiencias internacionales colombianizadas, gerencia das con muy buena voluntad por pacientes recientemente rehabilitados, pero con ausencia completa del Estado y del personal médico y sanitario capaces de aportar a la necesaria desintoxicación, rehabilitación y luego la indispensable tarea de resocialización de estas personas y de sus familias naturalmente disfuncionales.